lunes, 26 de marzo de 2007

Gastos secretos

Juan Pablo Proal

Mario Marín Foto: octavio gómezPuebla, Pue., 26 de marzo (apro).- Como ya se ha hecho costumbre cada vez que se le solicita, el gobernador Mario Marín Torres se negó a hacer públicos los gastos que ha erogado en materia de publicidad, bajo el argumento de que su difusión “puede causar perjuicio o daño a las funciones públicas del estado”.

La cerrazón de la administración estatal fue censurada por Josefina Busadé Castelán, miembro de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y por el Partido Acción Nacional.

Desde hace once meses Apro, el PAN y varios periodistas poblanos han solicitado en distintas ocasiones un informe sobre los gastos publicitarios del gobernador, quien incrementó sustancialmente su promoción luego del escándalo que derivó de su conversación con el empresario Kamel Nacif Borge.

Sin embargo, mediante distintas argucias, la administración estatal se ha negado a proporcionar la relación de sus gastos en medios locales y del Distrito Federal.

Con base en la Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, Apro solicitó en dos ocasiones –la última hace dos meses-- copia de las facturas que ha firmado la Dirección de Comunicación Social.

El miércoles pasado por la noche, el mismo día en que se cumplía el plazo legal para que lo hiciera, la dependencia negó la información:

“De revelarse puede causar perjuicio o daño a las funciones públicas del estado; así como a aquella que contiene opiniones, recomendaciones o información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que son parte de un proceso deliberativo para la toma de una decisión administrativa, así como a la que por disposición legal es considerada secreta, reservada, restringida u otra análoga.”

Sin haber leído totalmente la respuesta de la Dirección de Comunicación Social, la comisionada para el Acceso a la Información Pública, Josefina Buxadé Castelán, sostuvo que las facturas son documentos públicos que no pueden ser negados por la administración de Marín Torres.

Argumentó, además, que es imposible que la difusión de los convenios publicitarios ponga en riesgo a “las funciones públicas del estado”, debido a que se firmaron mediante una previa decisión derivada de un proceso deliberativo.

Desde que el 10 de abril del año pasado Apro solicitara los convenios de publicidad del gobierno del estado, la Dirección de Comunicación Social ha ofrecido diferentes argumentos para negar la información. Sus respuestas las ha remitido en el límite legal para contestar, que es de 30 días hábiles.

En el recurso PUE-2006-000193, por ejemplo, respondió que el concepto “materia de publicidad” es muy amplio y se presta a muchas interpretaciones, “por lo que no se sabe a ciencia cierta a qué se refiere”.

Días después, cuando el gobierno despilfarraba los recursos de Comunicación Social en la defensa mediática de Marín Torres por la exhibición de su contubernio con Nacif Borge para aprehender a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, Apro solicitó un informe de los gastos en anuncios relacionados con el tema, así como el capital que destinó para un estudio que mandó a hacer a la empresa privada Repetto, en un intento por demostrar que la voz del mandatario había sido alterada.

A esto, la Dirección de Comunicación Social respondió:

“La información que usted solicita referente al costo del análisis de la grabación que alude, es de información reservada de conformidad con el artículo 12 fracción V y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del estado de Puebla; toda vez que es información que compromete las investigaciones que realizan las autoridades competentes, por lo que no puede difundirse o usarse con un fin distinto al señalado por la ley.”

El PAN también ha exigido en otras ocasiones –principalmente a través del diputado federal Arturo Flores Grande— una relación del capital gastado por la administración estatal en materia de publicidad, aunque el resultado ha sido igual de insatisfactorio.

“Si el gasto ha sido normal o no genera sospecha que nos lo hagan del conocimiento”, afirmó Marcos Castro Martínez, secretario general del PAN, quien añadió que la cerrazón del gobierno se debe a que “no están invirtiendo el dinero de forma correcta”.

Miembros de la Comisión de Acceso a la Información Pública aseguran que la negativa del gobierno representa una clara violación a los artículos 5, 5 y 6 de la Ley de Acceso a la Información.

El artículo V en particular cita: “En la interpretación de esta Ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados”.


Fuente: Processo

3 comentários:

Otra Chilanga dijo...

Les invitamos a suscribir una carta abierta que será enviada a los funcionarios disfuncionales del INAH, el Conaculta y la SEP; con motivo del crimen de orden ambiental, social, cultural e histórico que la Minera San Xavier está cometiendo en Cerro de San Pedro, S.L.P.
Pueden encontrarla en nuestro blog; donde además encontrarán otro material con el que pretendemos sustentar nuestra demanda:

FUERA MINERA SAN XAVIER DE CERRO DE SAN PEDRO.

Respetuosamente:
La otra chilanga
nodo virtual de cambalache chorero sobre política

luiggi dijo...

La jornada:
Ricardo Velázquez Cruz, ha enviado escritos a la SCJN en los que asegura que ni el llamado góber precioso ni la procuradora se niegan a colaborar con la comisión, pero se han reservado su derecho constitucional a no rendir testimonio.

El gobierno de puebla sigue tomando a la ciudadania por tontos. ¿Cómo puede Marín decir que no se niega a colaborar con la comisión pero que se niegan a colaborar con la comisión (negandose a ir cuando es citado)?
De veras que o les falta seso o creen que les falta a los poblanos.

klipce dijo...

DEBERIA DARLE VERGÜENZA AL GOBER PRECIOSO PAGAR PARA QUE SU RECIOSA CARA APAREZCA EN TODOS LADOS MEJOR ESCONDALA Y DESPUES DE TANTO DINERO ROBADO Y TANTOS CRIMENES PRETENDE QUE NOS CREAMOS TODO LO QUE DICE(POR FAVOR) NI CON TODO EL DINERO DEL ESTADO VA A COMPRAR CREDIBILIDAD MEJOR YA DEJEN DE ROBAR